Sobre la nueva ley universitaria, un punto de vista

1. Uno de los aspectos más preocupantes de la actual crisis universitaria es la multiplicación caótica de
   
   universidades en las últimas dos décadas. Este fenómeno, producido en el marco de la globalización neoliberal, es consecuencia directa de la modificación hecha por el gobierno de A. Fujimori a la ley universitaria de 1985, que estableció la posibilidad de crear universidades con fines de lucro. En adelante, surgieron universidades particulares en número excesivo sin pensar en las necesidades del país; en poco tiempo, su cantidad ha superado a las nacionales, ofertando servicios educativos con un nivel académico ínfimo.
2. En este contexto, se ha generado un proceso de mercantilización de la educación superior, promovido por las universidades particulares con o sin fines de lucro, pero al cual tampoco son ajenas las universidades nacionales. El exiguo presupuesto del que pueden disponer estas últimas por el desinterés del Estado de solventar adecuadamente la educación superior, ha propiciado que también ellas se sumen a la proliferación incontrolada de filiales, centros preuniversitarios, estudios virtuales de postgrado, etc. en los que por lo general no se asegura un nivel mínimo de calidad educativa.
3. En numerosas universidades particulares y muchas nacionales la acreditación y certificación de calidad son mera fórmula. Los procesos de ratificación docente se han vuelto simple trámite documentario sin ser una real evaluación. Los procesos de nombramiento se han orientado a contar con un círculo de allegados o una clientela política con la intención de hacerse del poder dentro de la universidad. En la actualidad, en muchas de ellas existe un control mafioso de su administración, el tercio estudiantil se ha deslegitimado y hay casos en que ha negociado o vendido sus votos al mejor postor. Los ex decanos, una vez que concluyen su mandato, se acomodan en otros cargos para seguir medrando de la universidad.
4. La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha devenido en un club de rectores y ex rectores encabezados desde hace décadas por un rector de alguna universidad particular. La ANR, so pretexto de la autonomía, no da cuenta a nadie de sus decisiones, y cobra altas sumas de dinero por trámites para alumnos y ex alumnos. Su desaparición sólo sería sentida por los integrantes del “Club”.
5. En la nueva ley que estaría por aprobarse los empleados y trabajadores no docentes de la universidad, ya no formarían parte de ésta. Sobre el particular hay que hacer una reflexión y pensar si una Universidad de excelencia puede prescindir como comunidad humana de empleados y demás trabajadores. Se supone que una universidad que enseña, forma, investiga y produce conocimientos tiene que tener un soporte administrativo y técnico de primer orden. Por otro lado, la integración de los graduados sigue siendo un problema no resuelto, pues no existen canales que los incorpore a la vida de la universidad y viceversa, la universidad no sabe cómo integrarlos de manera útil a su desarrollo.
6. Pensamos que lo primero que debe hacer una ley universitaria es determinar el rol de la universidad en el desarrollo del país. Pero previamente es al Estado al que le corresponde decir cuál es su Proyecto de País en el corto, mediano y largo plazo, y establecer un consenso básico sobre este asunto tan crucial y definitorio. El texto que actualmente se discute indica que su labor principal es la investigación y la formación profesional; pero no se señalan los lineamientos más generales ni los recursos humanos que se desean, por tanto las investigaciones no serán en beneficio del país sino según las buenas intenciones o el gusto de los investigadores por una u otra área del conocimiento. Al no tener definido el tipo de país que se desea alcanzar no se tiene tampoco definido el recurso humano que se necesita para alcanzar este fin; de este modo cada universidad fija sus metas y dentro de ella cada facultad e incluso cada especialidad.
7. Del texto de normas de la nueva ley aprobadas hasta la fecha, algunas parecen estar dirigidas a regular ciertos aspectos del funcionamiento de las universidades nacionales en relación a la promoción y permanencia de los alumnos en su condición de estudiantes, normas que actualmente ya aplican varias de las universidades particulares.
8. Consideramos que la proliferación desordenada de universidades, filiales, centros preuniversitarios, etc. debe detenerse, siendo necesaria la regulación de este crecimiento inorgánico. Para es necesario la derogatoria del decreto dado por el gobierno de Fujimori, establecer una moratoria para la creación de más universidades, y cerrar aquellas que no reúnan  las condiciones indispensables para llamarse tales. Pero para su regulación y ordenamiento permanente se requiere de un organismo de espíritu, composición y excelencia universitaria, que no dependa del poder político, que sea parte de la estructura legal nacional, que pueda supervisar la actividad universitaria y dar cuenta al Estado y a la sociedad civil de la marcha de la universidad. Este organismo podría estar estructurado en relación con el CONCYTEC o el Ministerio de Educación. La evaluación de las universidades debe dar como resultado un ranking de las mismas que podría ser un indicador para la distribución de recursos.
9. La ley actual se desentiende de la obligatoriedad de recursos económicos que debe dar el Estado a las universidades. El Estado o sus administradores parecen no tener idea de lo indispensable que es la universidad en el desarrollo del país, por esta razón y porque privilegian otros aspectos de la economía del país, tampoco consideran importante otorgar recursos suficientes a las mismas; es como si las desearían muertas por inanición para que las universidades particulares copen el mercado, a la vez que se libera un gasto del estado para ser aplicado en otros rubros.
10. Tal como está formulada y como viene realizándose la aprobación de los artículos de esta nueva ley universitaria en la Comisión de Educación, no creemos que contribuya a resolver apropiadamente la actual crisis de la universidad. Su sesgo intervencionista y controlista supeditada a las necesidades del poder político amenaza convertirla en un instrumento capaz de recortar la libertad de pensamiento y crítica inherentes al espíritu universitario, y necesaria para sus tareas de enseñanza, formación, investigación y difusión de ideas y conocimientos.

 

TNL

 
Lima, julio de 2013